Cimacnoticias | México, DF.- 11/06/2014
El Estado mexicano no tiene claro el número de personas desaparecidas en el país, ni cuenta con un registro desagregado por sexo, lo que hace imposible conocer el número exacto de mujeres víctimas ni el contexto en que desaparecieron, denunciaron organizaciones civiles.
De cara a la próxima revisión que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hará a México en 2015, organizaciones civiles presentaron las conclusiones de ocho informes que documentan la desaparición forzada en el país, mismas que ya fueron entregados al Comité.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), activistas acusaron que ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Procuraduría General de la República (PGR), tienen cifras homologadas sobre el número de personas desaparecidas, y tampoco existen datos desagregados por sexo o por contexto de la desaparición, información que ayudaría a desarrollar estrategias de búsqueda más específicas.
Andrés Díaz Fernández, del Centro Prodh; Tania Ramírez, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; Juan López Villanueva, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y Ximena Antillón, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otros defensores, solicitaron a la ONU que durante la próxima revisión obligue a México a desarrollar sistemas de registro adecuados que desagreguen las cifras por sexo, y que sea transparente con la metodología a utilizar.
Ante esta situación, las agrupaciones pidieron que la ONU inste al Estado mexicano a informar la cifra real de personas desaparecidas, el número de averiguaciones abiertas, consignaciones y sentencias contra los criminales, y además que combata la impunidad y la corrupción, en virtud de que los perpetradores de este delito pueden ser agentes estatales, criminales, paramilitares o servidores públicos.
Dijeron que a pesar de que el Estado mexicano informó al Comité que “cumple con esta obligación internacional y que registra avances sustantivos en la promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos al país”, sólo 19 entidades han tipificado la desaparición forzada en sus códigos penales, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoce la existencia de 20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014.
En fechas recientes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que tras un “proceso de depuración” de casos, la cifra de víctimas de desaparición forzada se redujo a 13 mil 195 personas de las 26 mil 121 que se contabilizaron en el sexenio de Felipe Calderón.
Sin embargo, las organizaciones acusaron que las autoridades no fueron transparentes con la metodología de este conteo, y que depuraron los casos luego de hacer llamadas a las familias para saber si ellas ya habían dado con el paradero de las víctimas.
Las y los defensores señalaron que esto hace evidente que el Estado responsabiliza y abandona a las víctimas que están en la búsqueda de sus familias, no les otorga mecanismos de protección, y que además las cifras de las instituciones son incongruentes entre sí, ya que la CNDH registró de 2005 a la fecha 24 mil desapariciones.
También indicaron que ninguna de las instancias responsables de investigar y dictar sentencias han consignado a algún servidor público por desaparición, y, agregaron, de las 26 mil personas desaparecidas que contabilizan activistas sólo hay registro de seis sentencias acusatorias.
Las y los activistas denunciaron que la Ley General de Víctimas, publicada en 2013, no permita la participación activa y segura de las y los familiares en las investigaciones por desaparición, y que no aporte alguna forma de reparación del daño.
