Cimacnoticias | México, DF.- Ante la inoperancia en la que el gobierno federal mantiene a la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de emergencia creado en 2007 para proteger la vida y seguridad de las mujeres en un territorio determinado–, grupos civiles de todo el país reiteraron su exigencia de que sean atendidas todas las solicitudes de AVG a nivel nacional.

En conferencia de prensa, feministas y activistas insistieron en la urgencia de que las autoridades pongan en práctica la Alerta y reconozcan que su aplicación es un tema de seguridad nacional, ya que mientras el mecanismo se encuentra en una “espiral de burocracia” las mexicanas han llegado a un punto crítico de violencia feminicida.

Por ello cuestionaron la actuación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), que además de que se negó en todas las ocasiones a activar la AVG, no dio seguimiento a los llamados de la ciudadanía para que se emprendieran acciones contra la violencia, flagelo que en los últimos 25 años cobró la vida de 34 mil 176 mujeres, presuntamente por homicidio doloso.

Yuriria Ramírez, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sostuvo que aunque el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue modificado en noviembre pasado para hacer efectiva la AVG, la realidad es que el procedimiento aún dilata su activación y durante la investigación se excluyen a las peticionarias.

“Es un reglamento que otra vez define un procedimiento que no protege a las mujeres”, criticó la activista.

Advirtió además la insistencia gubernamental de rechazar la problemática y no emprender acciones contundentes a favor de las mujeres en el Estado de México, donde fue presentada una solicitud en 2010 y luego de tres años de litigio legal aún no se logra la activación de la AVG, pese a que sólo de enero de 2011 a junio de 2012 fueron asesinadas más de 600 mujeres y desaparecieron otras 955 mujeres y niñas.

Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, recordó que en el estado de Guanajuato se han presentado dos solicitudes de AVG por violencia feminicida, ante las cuales el gobierno local respondió con una serie de acciones que no tienen ninguna repercusión real en la vida y seguridad de las mujeres.

La ineficacia de estas acciones se demuestra, a decir de Cruz, con el incremento de los casos de feminicidio en la entidad y con un aumento de la brutalidad con la que se cometen, ya que anteriormente se registraban homicidios en cinco municipios de la entidad, pero ahora el problema está presente en 23 localidades. A lo que se suma que las mujeres sufren diversas formas de violencia, tortura y maltrato previo y posterior al asesinato.

Aunque reconoció que a partir del nuevo reglamento se avanzó en la realización de una investigación, señaló que aún no se puede decir que el procedimiento es el adecuado, pues se desconoce en qué sentido van a venir las recomendaciones del llamado Grupo de Trabajo y si el gobierno las va a implementar de manera adecuada.

En ese sentido y para continuar poniendo a prueba el nuevo procedimiento de declaratoria de AVG, Juliana Quintanilla, directora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dijo que hoy se presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) una solicitud de activación del mecanismo para la entidad.

Invitó a compañeras de otras entidades a presentar más solicitudes o en su caso decretar alertas ciudadanas, como lo han hecho organizaciones civiles de Chiapas y recientemente del Edomex.

Reprochó que el Inmujeres se limite a atender las solicitudes y no a darles seguimiento, pues de acuerdo con la activista, independientemente de que sea admitida o avalada la petición se debería hacer una investigación de los hechos que denuncian las organizaciones.

A la solicitud que fue presentada para el estado de Morelos, se suma la demanda de activación de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, que denunció que en las últimas tres administraciones estatales se registraron mil cuatro casos de feminicidio.

En la actual gestión de Gabino Cué, según las cifras de la organización, el problema se incrementó ya que han sido asesinadas 292 mujeres. Tan sólo de enero a mayo de 2014 se registraron 39 casos, lo que representa un incremento de 216.6 por ciento con los datos recopilados al mismo periodo de 2013 cuando hubo 18 casos.