Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- A pesar de que va en aumento el número de niñas y niños migrantes, México no protege integralmente la vida de estos menores de edad que son detenidos, advirtieron defensoras de los Derechos Humanos.
Gabriela Morales, capacitadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y Karla Meza, capacitadora de la organización civil Sin Fronteras, criticaron durante el “Foro Migraciones” –realizado la semana pasada en el Museo Memoria y Tolerancia en esta capital– que aunque hay una ley migratoria que menciona a la infancia, en la práctica no se le está protegiendo, sobre todo durante su detención y deportación a sus países de origen.
Durante el foro, las expertas advirtieron que gran número de la población infantil migrante viaja a México y Estados Unidas en busca de sus padres, y muchos otros salen en busca de oportunidades laborales para apoyar la economía de sus familias.
Según apreciaciones de los grupos civiles a las que pertenecen las defensoras, la población migrante menor de edad se concentra entre los 12 y 17 años, y provienen principalmente de Honduras.
No obstante, la detención es más severa y frecuente cuando las niñas y niños son mayores de 12 años, ya que se criminaliza la juventud, especialmente cuando tienen tatuajes o presentan indicios de haber formado parte de una pandilla, sin que las autoridades se detengan a comprobar si fueron víctimas de reclutamiento o no tuvieron otra opción de vida.
Señalaron que en el caso de las personas detenidas, sólo los menores de 12 años pueden ser atendidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) –aunque por ley no está obligado–, y los mayores de esa edad, es decir adolescentes, no son incorporados a esta institución por lo que pasan inmediatamente a las Estaciones Migratorias junto con los adultos detenidos.
Por otro lado, las expertas acusaron que en los centros de detención no cuentan con un sistema de educación, sino sólo “simulaciones”, ya que las bibliotecas “son muy bonitas pero nadie tiene acceso a ellas”.
Las organizaciones estiman que el número de niñas y niños detenidos en 2012 era casi el doble de 2011, y en 2013 también se duplicó la cifra, por lo que para este año se espera alrededor de 40 mil niñas y niños migrantes.
Las defensoras relataron que estas cifras alarmaron a los gobiernos de México y EU porque rebasaba la capacidad de detención de sus instituciones, por lo que en 2013 de los 6 mil 214 niñas y niños que pasaron por la Estación Migratoria en México, 6 mil 111 fueron regresados a sus países, sin importar si en su nación de origen tienen familia que pueda cuidarlos, o si existen las posibilidades económicas de subsistencia y las instituciones para su atención.
Las defensoras revelaron que otro de los problemas que enfrenta la infancia migrante es que son deportados porque las autoridades migratorias creen que la reintegración familiar es la mejor opción para ellas y ellos, cuando muchos de éstos están huyendo de contextos familiares de violencia.
Ante esta situación, las activistas reconocieron que la unión familiar tendría que ser una decisión que considere el “interés superior de la niñez”; no obstante, este tipo de sentencias se concluyen en un día sin que haya un análisis integral ni profundo, criticaron.
El problema mayor en todo esto es que en la política migratoria no interesa el bienestar y la protección integral de la infancia, sino que lo que importa es detener a las y los niños si no cuentan con la documentación y repatriarlos para que no sean un “problema de seguridad nacional” para los gobiernos, detallaron.
Enfatizaron que una de las grandes deficiencias es que se sigue viendo a la infancia como objeto y no como sujeta de derecho.
Además acusaron que el material informativo sobre sus derechos que se les proporciona en las estaciones migratorias no tiene un lenguaje adecuado; el acceso a un abogado es muy limitado, y a las organizaciones se les limita el acceso para intervenir en los procesos jurídicos que enfrentan.
Por último, señalaron que los oficiales de protección de la infancia –creados en 2007 como parte del Instituto Nacional de Migración– no dejan de ser agentes migratorios que, aunque se supone que usan un lenguaje especializado para atender a la niñez en esta situación, no son efectivos en las funciones para las que fueron creados.
