Por Guadalupe Cruz Jaimes y Gladis Torres Ruiz

México, DF, (CIMAC).- Integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mujeres acusaron que Felipe Calderón violentó el Estado laico al incidir en la votación final de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que se desechó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma que “protege la vida desde la concepción” en Baja California (BC).

Marí­a Consuelo Mejí­a, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), lamentó que las decisiones sobre los derechos de las mujeres sean tomadas con base en criterios religiosos, y advirtió que hubo una “influencia presidencial” en la votación de la Corte con el fin de colocar “una agenda moral conservadora para dañar la vida y la salud de las mujeres, sobre todo de las más pobres”.

El pasado lunes Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa para retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo 1 del artí­culo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), adoptada en Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención prevé que la ley protegerá, en general, “el derecho a la vida a partir del momento de la concepción”.

En el mismo tenor, el subsecretario de Asuntos Jurí­dicos y Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, publicó ayer en diarios de circulación nacional un desplegado en el que llamó a las y los ministros a desechar el proyecto de sentencia de Fernando Franco González para declarar inconstitucional la reforma en BC.

La SCJN determinó hoy por siete votos contra cuatro desechar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de 2008 al artí­culo 7 de la Constitución de BC, presentada por la Procuradurí­a de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado.

Eran necesarios ocho votos para que el recurso de inconstitucionalidad procediera y se invalidara la modificación legal en BC.

La votación final se determinó por las posturas “a favor de la vida desde la concepción” de la ministra Margarita Luna Ramos y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fue propuesto en dos ocasiones por Calderón para llegar a la Corte en 2009 y 2010.

Consultada por Cimacnoticias, Marí­a Consuelo Mejí­a criticó que los ministros de la SCJN permitan que sus creencias religiosas y el cabildeo de la ultraderecha influyan en su manera de impartir justicia. “Es un hecho preocupante en un Estado laico”, apuntó.

Sin embargo, la activista consideró que el voto de siete ministros significa que la mayorí­a de quienes integran la SCJN está a favor de los derechos de las mujeres.

Verónica Cruz, integrante de Las Libres, de Guanajuato, denunció que Felipe Calderón haya “polarizado” la discusión porque él es el más obligado a respetar la Constitución, “pero ganó su ideologí­a e intención de imponer sus creencias”.

Al igual que Marí­a Consuelo Mejí­a, la activista –quien ha luchado por la libertad de mujeres presas por abortar en su estado– dijo que es favorable que una mayorí­a numérica de ministros se pronunciara por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que sólo una minorí­a avaló que se conserve la reforma en BC, donde también mujeres han sido encarceladas por interrumpir su embarazo.

Marí­a Eugenia Romero, directora de Equidad de Género Ciudadaní­a, Trabajo y Familia, consideró “muy desafortunada” la intervención de Calderón en la discusión de la Corte, y recalcó que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las decisiones del Poder Judicial.

Explicó que a pesar de que no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma en BC, el debate que se dio en la SCJN fue “positivo”, porque se colocaron en la discusión los derechos reproductivos de las mujeres.

Romero destacó que la mayorí­a numérica de los ministros planteó argumentos progresistas para no dejar lagunas jurí­dicas, pero desafortunadamente no pudieron convencer al resto del pleno.

Señaló también como favorable que en ningún momento se planteó la  prohibición del aborto, y que además las causales no punibles siguen vigentes en BC y desde las organizaciones seguirán exigiendo que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud.

También destacó que en la discusión se determinó que la protección al derecho a la vida no quedó por encima de los derechos de las mujeres, ya que se dijo que no puede haber derechos absolutos y por tanto “no peligra el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

INCERTIDUMBRE

Oriana López, directora del Fondo Marí­a, se mostró menos optimista al señalar que la determinación de la Corte deja a la libre interpretación la aplicación de los derechos de las mujeres, lo que significa el riesgo de que “los hombres conservadores en el poder” atenten contra esas conquistas. Añadió que para las habitantes de BC la votación implicará que sigan interrumpiendo sus embarazos de forma insegura.

La ex diputada federal Martha Tagle dijo que con la resolución de la SCJN lo que se queda es la “incertidumbre legal”, ya que hay una contradicción entre lo que dice el Código Penal de BC y la Constitución estatal al “proteger la vida desde el momento de la concepción”.

Explicó que el personal medico no sabe si atender a una mujer que aborta por cualquier motivo o solamente en las causales permitidas por el Código Penal.

Tagle aseguró que “sin duda alguna” el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo inclinó la balanza a favor de la reforma en BC “visiblemente impulsado” por la postura de Felipe Calderón.

PROTESTAS

Como parte del 28 de septiembre, Dí­a por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, cientos de mujeres de esta ciudad y del interior de la República marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino para exigir que se respete el derecho de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo.

A su paso las activistas gritaban “¡Siete ministros son mayorí­a, cuatro ministros son porquerí­a!”; “¡aborto legal derecho fundamental para salvar la vida y la salud de las mujeres!”, y “¡ni cárcel, ni muerte a mujeres por abortar!

Al llegar a la Plaza de la Constitución, Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, leyó un pronunciamiento a nombre del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en México.

Destacó que hoy siete ministros reconocieron la inconstitucionalidad de la reforma en BC y votaron a favor de los derechos de las mujeres. Además, añadió, los ministros advirtieron que criminalizar a las mujeres por abortar “es inmoral e inconstitucional”.

La activista llamó a Felipe Calderón para que deje de actuar como integrante de la ultraderecha y gobierne para que las mujeres decidan sobre el ejercicio de la maternidad libre y voluntaria.

Cuevas adelantó que a partir de hoy inicia una campaña de juicio polí­tico contra funcionarios públicos que atenten contra los derechos reproductivos de las mujeres.