Por Anayeli Garcí­a Martí­nez

México, DF, 23 sep 11 (CIMAC).- México va a contracorriente de otros paí­ses de América Latina (AL) en materia de protección de los Derechos Humanos (DH), toda vez que en lugar de poner lí­mites a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública refuerza la militarización, y con ello genera las condiciones para que se vulneren las garantí­as de la población civil, en particular de las mujeres.

Así­ lo señalaron integrantes de organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de los DH al clausurar el foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos contra México”, organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El jurista franco-colombiano Federico Andreu Guzmán criticó la militarización como una medida ineficaz para garantizar la seguridad de un paí­s. En su intervención mencionó que es fundamental que los Estados cumplan las recomendaciones de la CoIDH para no dejar en la indefensión a su ciudadaní­a.

El especialista, quien ha trabajado en misiones de paz de Naciones Unidas en Ruanda y Haití­, afirmó que el tema de la jurisdicción militar no es nuevo y advirtió que mientras en el continente americano se busca fortalecer los controles civiles sobre las fuerzas armadas, en México no sucede así­.

Consideró que México cuenta con cuatro sentencias que recomiendan modificar el sistema penal castrense, toda vez que no es la mejor forma de garantizar justicia para las ví­ctimas de violaciones a DH, enfatizó.

Cabe recordar que el Estado mexicano ha sido condenado por la CoIDH por violar los DH en casos como el de las indí­genas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002, y por la desaparición y asesinato de tres mujeres en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.

Al respecto, feministas como Alda Facio, Imelda Marrulfo y Rosalva Aí­da Hernández Castillo criticaron que el Estado olvide los DH de las mujeres, y señalaron que las sentencias por el caso Inés y Valentina y el feminicidio en Juárez, son un referente para incluir el género en el sistema de justicia penal en México.

TRIBUNALES NACIONALES ATENTAN CONTRA DH

César Landa Arroyo, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que los paí­ses que han tenido regí­menes dictatoriales se han esforzado por acercarse al Sistema Interamericano de DH, lo que ha provocado que en esa nación sudamericana se discuta el orden jurí­dico actual y la mejor forma de acatar las resoluciones internacionales.

Explicó que la CoIDH permite desarrollar instituciones apegadas a los DH de las personas, sin embargo lamentó que algunos tribunales nacionales utilicen las normas en la materia para hacer interpretaciones que atentan contra esos derechos o que impiden su plena vigencia.

Durante el foro, las y los defensores expusieron que los principales retos que enfrenta nuestro paí­s ante el Sistema Interamericano es que reconozca que ha violado los DH de la población.

Alejandra Nuño, directora para México y Centroamérica de Cejil, apuntó que no hay que tener expectativas excesivas al respecto, ya que el cumplimiento de los fallos es un proceso progresivo.

Cristina Hardeaga, del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –organización que defendió a las indí­genas tlapanecas ante la CoIDH–, apuntó que es necesario continuar con el análisis de las resoluciones del alto tribunal interamericano, entrar a una discusión abierta y encontrar responsabilidades para los actores polí­ticos y sociales.

Las y los ponentes coincidieron en la importancia de cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales de justicia como una forma de construir un Estado democrático de Derecho y una sociedad más incluyente e igualitaria.