Los diputados Gustavo Muñoz Mena, Jorge Luí­s Garcí­a Vera, Pablo Rodrí­guez Rodarte, José Alfredo Barajas Romo y Francisco Javier Carrillo Rincón, presentaron ante la Comisión Permanente Iniciativa de Punto de Acuerdo, en el que exhortan al gobernador, para que gestione ante la Secretarí­a de Gobernación y la SAGARPA se  emita de manera inmediata la declaratoria de “zona de desastre” para nuestro estado, en beneficio de más de 150 mil productores zacatecanos que  han sido  afectados  por las condiciones climatológicas adversas por falta de lluvia.

Los diputados promoventes se manifestaron dispuestos a colaborar en el impulso de una estrategia social con el Poder Ejecutivo, implementar un programa emergente de alto impacto  que mitigue los efectos generados por la prolongada sequí­a, garantizando a los productores acceso a recursos financieros y técnicos de manera urgente, mediante acciones comprendidas en los programas del Fondo Nacional de Desastres Naturales y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, que permita a los campesinos abatir los efectos lesivos de este fenómeno.

Como es Zacatecas el productor más importante de frijol en el paí­s, y es considerado por muchos como el “el granero nacional”, la falta de lluvia le ha acarreado consecuencias de desastre en materia económica, cuantificadas en cientos de millones de pesos y miles de productores afectados.

Por lo tanto, el programa que se implemente, no solo deberá garantizar el acceso a recursos y apoyos, también deberá incentivar de manera inmediata y eficiente  otras aéreas de oportunidad agrí­cola,  como la siembra alternativa, cadenas productivas, valor agregado, etc.

Considerado como de urgente y obvia resolución, el exhorto fue votado y aprobado de inmediato con diez votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Cabe recordar que  la comisión permanente la integran once diputados con derecho de voz y voto.

Por otra parte, y también en la sesión de este martes, se presentó Iniciativa de Ley que establece el derecho de ví­a para el Estado de Zacatecas, la cual fue remitida por Miguel Alonso Reyes, titular del Poder Ejecutivo del Estado. En ella se propone establecer el derecho de ví­a con una longitud de veinte metros paralelos al eje de la carretera o camino y no diez como lo establece la ley actual, que provoca con los altos í­ndices de crecimiento poblacional y carga vehicular, la complicación  tanto de la circulación como la conservación de carreteras y caminos.

La  Ley propuesta  tiene la finalidad de prohibir el uso indiscriminado de los Derechos de Ví­a establecidos,  por lo que en lo subsecuente su utilización se hará de conformidad a los permisos que otorgue la junta estatal de caminos. El objetivo concreto de la iniciativa, es  el de brindar seguridad a todas las personas que transiten por las carreteras o caminos de nuestro Estado, concediendo facultades a la Junta Estatal de Caminos para que en el caso de que exista la intención de un particular de utilizar el Derecho de Ví­a con un fin distinto a la que establece la Ley, solo obtenga  autorización si el dictamen técnico así­ lo indica.

Además pretende imponer obligaciones a aquellos particulares que linden con el derecho de ví­a para que no puedan hacer libre uso de sus propiedades cuando se afecte la visibilidad o comprometa el Derecho de Ví­a, en esos casos, deberán solicitar autorización a la Junta Estatal de Caminos para poder realizar tales actividades al borde de carreteras y caminos.

Por último, en asuntos generales, el diputado migrante Pablo Ramí­rez Rodarte señaló que este año escolar 2011, la Universidad Autónoma de Zacatecas ejerce un gasto de mil quinientos millones de pesos en el desarrollo de sus diferentes programas educativos, sin embargo, dijo, “observamos que nuestra máxima casa de estudios deja sin oportunidad de ingreso a muchos jóvenes que desean pertenecer a ella y que desafortunadamente tienen que recurrir a otras instituciones, generalmente privadas, que representan altos costos”.

Más aún, agregó, las autoridades universitarias afirman que el gobierno del estado les debe  seiscientos millones de pesos con los que podrí­a abrir y adecuar más espacios educativos, cuando en el campus  Jerez existen 16 aulas en desuso, lo que calificó de incongruente, porque con estos espacios, afirma,  se resolverí­an los  problemas de alumnos y padres de familia que buscan acomodo en la UAZ.

Inmediatamente la diputada Marí­a de la Luz Domí­nguez Campos, pidió la palabra para plantear  que la información deba ser solicitada de primera mano a la propia universidad, y una vez que se cuente con  datos precisos e información concreta se emitan juicios de valor. Pidió que una vez que se tenga esa información concreta y si efectivamente el gobierno adeuda esa cantidad a la universidad,  entonces si se solicite el pago del adeudo, a efecto de que la universidad continúe su esfuerzo para dar educación a miles y miles de estudiantes de todos los niveles.

Domí­nguez Campos, insistió en que a través de la Presidenta de la Comisión Permanente se solicite la  información necesaria a la universidad, y que una vez que se tenga y se haya analizado, la Legislatura pueda emitir un pronunciamiento en forma colegiada.