México, DF, 12 jul 11 (CIMAC).- De 2005 a 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió en promedio 21 expedientes al año por agresiones a defensores humanitarios, mientras que en 2010 la cifra se incrementó en 128 por ciento al pasar a 48 ataques denunciados, sin embargo la instancia no desagregó los datos por sexo.

En el Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los Derechos Humanos en México, elaborado por la CNDH, se destaca que existe un elevado número de denuncias y quejas presentadas ante las instancias de procuración de justicia y las comisiones estatales de Derechos Humanos (DH) por delitos y agresiones contra activistas.

De acuerdo con la CNDH, el mayor número de quejas se presentó ante las comisiones de Jalisco con 97, el Distrito Federal con 46, Chiapas con 44, Oaxaca con 36 y Chihuahua con 28. La mayor parte de las denuncias son por vulneración a los derechos a la vida, la integridad, seguridad o bien intimidación y amenazas.

Esta situación ha llevado a solicitar 156 medidas cautelares para resguardar la seguridad personal, evitar la continuación de actos de hostigamiento y acoso e impedir la consumación de hechos violentos contra las y los defensores, aunque no menciona cuántos casos de agresiones contra defensoras merecieron medidas de protección.

De 2005 a mayo de 2011 la CNDH ha solicitado 59 medidas cautelares, mientras que los organismos locales han solicitado en total 97.
Si bien el informe reconoce que las y los activistas más expuestos son aquellos que defienden los derechos laborales, de mujeres, minorí­as sexuales, indí­genas, migrantes, o quienes laboran en ambientes de violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado, no hace una referencia sobre los casos de mujeres.

De 2010 a la fecha fueron asesinadas seis defensoras de DH: Marisela Escobedo, Susana Chávez, Malena Reyes, Luisa Ornelas, Josefina Reyes y Beatriz Cariño; cinco de ellas en el estado fronterizo de Chihuahua y una más en el estado de Oaxaca, que no se explican a detalle en el informe.

Aún así­, la CNDH asegura que se debe hacer un particular énfasis en la situación de vulnerabilidad que enfrentan las defensoras de los DH, quienes al ejercer su labor se enfrentan a normas culturales que favorecen los prejuicios, la exclusión y el rechazo por parte de las autoridades e, incluso, de la misma sociedad.

No obstante tampoco se destacan los casos de Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevarez, activistas que durante 2010 fueron hostigadas y amenazadas de muerte por su trabajo en Tijuana a favor de policí­as que sufrieron detenciones arbitrarias y tortura por parte del Ejército.

Tampoco se hace mayor alusión sobre  las agresiones a Obtilia Eugenio Manuel, quien trabaja a favor de los pueblos indí­genas de Guerrero; Emilia González Tercero, activista chihuahuense también hostigada; o bien Cipriana Jurado quien abandono Ciudad Juárez tras las presuntas amenazas por parte de soldados.

Pese a ello, la CNDH asegura que es necesario que se implementen medidas y polí­ticas integrales tendentes a prevenir y otorgar una mayor atención a casos relacionados con agravios cometidos en perjuicio de defensores especialmente expuestos, a través de programas y acciones coordinadas que garanticen la protección de sus derechos.

Además, afirma que los actos de violencia contra las y los defensores deben ser investigados de forma oportuna, completa e imparcial para garantizar que tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial, que reciban una reparación conforme a derecho y, sobre todo, que se sancione a los responsables.