México, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó este día una solicitud de Amalia García Medina, ex gobernadora de Zacatecas, para atraer la revisión de un amparo en el que impugna el procedimiento instaurado en su contra por supuestos manejos indebidos durante su administración al frente del gobierno de Zacatecas.
Por 4 votos contra uno, la Primera Sala de la Corte atrajo el caso, mediante la propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero, y consideraron que el caso presenta características jurídicas relevantes que le permitirán pronunciarse sobre el derecho a la no autoinculpación en procedimientos de responsabilidad administrativa.
El único voto en contra de la propuesta fue del Ministro Jorge Pardo Rebolledo.
Cabe señalar que el Contralor Interno de Gobierno, Guillermo Huizar, busca fincar responsabilidades a la ex mandataria por presuntos manejos presupuestales irregulares que ascienden a 2 mil 202 millones de pesos.
En el amparo que resolverá la Corte, los abogados de Amalia García, de la firma Gómez Mont y Asociados, impugnaron el acuerdo del 14 de diciembre de 2010 en el que Huízar Carranza la emplazó al procedimiento sancionador y le ordenó rendir en 15 días un informe circunstanciado, bajo amenaza de que se tendrían por consentidos los hechos u omisiones imputados en caso de no hacerlo.
La defensa de la ex mandataria sostiene que el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Zacatecas, al contemplar la obligación de rendir este informe bajo amenaza, es inconstitucional por violatorio de la garantía a la no autoincriminación.
El tema es de interés para la Suprema Corte porque esta garantía tradicionalmente se ha aplicado a los acusados por un delito en un proceso penal, pero no está claro si se puede extender a los procedimientos administrativos.
Los abogados defensores de Amalia de García señaló a la Corte que en el amparo no cuestionó el citatorio por fallas formales en el procedimiento, sino que busca la inconstitucionalidad de la ley en que se basó porque contraviene un derecho fundamental.
Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, concedió una suspensión definitiva a García, por lo que no se le puede obligar a rendir el informe, ni tampoco se puede dictar resolución en el procedimiento de responsabilidad, mientras la Corte resuelve el amparo.
